El derecho al acceso a la información pública, es una prerrogativa de orden constitucional dispuesta en los artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política, en la que se establece de manera expresa que todo ciudadano tiene derecho a recibir información pública, presentar peticiones respetuosas y acceder a documentos públicos salvo las excepciones previstas en la ley. A través del acceso a la información pública se puede exigir a la administración el cumplimiento de sus deberes, realizar ejercicios de control social y solicitar el reconocimiento de otros derechos. Es así como a través de la Ley 1712 de 2014, se reglamenta el acceso a la información pública y se establecen los procedimientos para el ejercicio y garantía de este derecho.